Por una República federal, democrática y socialista

El 6 de diciembre de 2017 se cumplen 39 años del referéndum por el que se aprobó la Constitución española. Después de aceptarla rabiando en 1978[1], el Partido Popular se abraza a ella como si fuese la verdad revelada, con el apoyo entusiasta de Ciudadanos y el respaldo de la cúpula del PSOE.

Ahora, como todos los conversos que buscan redención, presenta propuestas para que la Constitución se reparta y lea por doquier, y piden que se pongan banderas españolas por todas partes, incluso donde ya está establecido que deben estar. Parece que no les basta con la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas.

Si tal fervor constitucional y tanto amor inflamado a la bandera fuese la expresión de su preocupación por el pueblo español, catalán, vasco, gallego, andaluz, murciano… se preocuparían, sobre todo, de que se cumpliera la Constitución. Parece fecha oportuna para recordar lo que la Constitución dice y contrastarlo con la realidad:

 El derecho a la vivienda

Artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Entre 2008 y 2012, en plena crisis, hubo 350.000 lanzamientos hipotecarios (denominación judicial de los desahucios de pisos en propiedad y alquiler), y se ejecutaron 172.000[2]. Las solicitudes acumuladas en la ciudad de Madrid superan las 17.000, contando con un parque de vivienda pública municipal de 6.000 pisos. La Comunidad de Madrid recibe cada año unas 18.500 solicitudes, pero tan sólo dispone de 425 viviendas “adjudicables”[3]. En todo el Estado un 8,5% de las personas vive en condiciones de hacinamiento (un 25% si eres extranjero). Esta situación no es por falta de vivienda: hay 25 millones de viviendas, pero sólo 18 millones de hogares, según el Instituto Nacional de Estadística[4]. El propio INE establece que hay entre 3,1 y 3,4 millones de viviendas vacías. La razón está en que la vivienda es un negocio, y la forma de garantizarlo es que haya la menor cantidad de vivienda pública posible.

 

El derecho a un empleo digno

Artículo 35.1

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

El paro hoy está cronificado a un nivel más alto que nunca. En el tercer trimestre de 2017 había 3,7 millones de parados (y se calcula que 400.000 personas han salido de la lista porque ya han desistido de buscar trabajo), una tasa del 16,36%. Es la más elevada de la UE, después de Grecia. Y los salarios son más bajos: el salario en nómina, el pagado por realizar el mismo trabajo, cayó un 7,8% en términos reales entre 2008 y 2017. La caída de los ingresos salariales se concentra en los trabajadores con salarios más bajos, donde se supera el recorte del salario en nómina. Por ejemplo, el ingreso salarial se recorta un 22,5% entre 2008 y 2015, en el 10% de los asalariados que cobran salarios más bajos[5].

Y más precario: los empleos temporales suponen un 27% del total y, aunque todavía está por debajo del máximo alcanzado antes de la crisis (31,6%), está creciendo. Los contratos de duración inferior a un semana han pasado de ser el 16% en 2007 a el 27%. Y los contratos a tiempo parcial han pasado, en ese mismo periodo, del 15,3% al 22,4%, la mayoría involuntarios (62%). Igualmente, crece del 39% al 47,6% el porcentaje de horas extras ni pagadas ni compensadas[6].

 

Artículo 41

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo (…).

Sólo el 55% de los parados registrados recibe alguna prestación, y el número de parados según la EPA (más fiable) es mayor. En la Comunidad de Madrid hay 415.000 parados, mientras que sólo 171.163 personas[7], en octubre, recibían alguna prestación por desempleo, bastante menos de la mitad. De los que perciben prestación, solo 98.362 perciben prestación contributiva, el resto perciben un subsidio de 430 euros.

Los últimos datos del INE indican que el 21,7% de la población de Madrid, casi 1,4 millones de personas, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. 87.000 familias sufren pobreza severa, algo más de 400.000 personas. Los Presupuestos Generales para 2018, para atender el aumento de la pobreza en la Comunidad de Madrid, presupuestan 9 millones más en la Renta Mínima de Inserción (RMI), hasta los 169 millones anuales, con el objetivo de atender a 32.000 familias, algo totalmente insuficiente[8].

 

Y nuestros derechos sociales, en la cuerda floja

Artículo 43.2

Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

La sanidad pública madrileña se ha ido debilitando en beneficio de la privada, cuyos ingresos procedentes del erario público han crecido en 1.100 millones desde 2004. Desde 2009 ha perdido casi 6.000 puestos de trabajo[9] y sigue teniendo unos recursos insuficientes. El número de camas hospitalarias privadas financiadas públicamente se ha doblado. mientras que se han reducido 1.200 camas en los hospitales públicos de gestión directa (con una disminución de 496 camas en total).

La lista de espera quirúrgica ha aumentado desde 27.672 pacientes en junio de 2005 hasta 82.758 en septiembre de 2017 (después de abrir 11 hospitales nuevos), y en esa misma fecha el número de pacientes en lista de espera de consultas externas es de 403.338 y los que están en espera de pruebas diagnósticas es de 118.273. Es decir, un total de 604.369 personas (el 9,29% de la población madrileña) estaban en lista de espera el 30 de septiembre de 2017[10].

Artículo 27.7:

Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

La educación pública madrileña ha sufrido recortes de presupuesto (750 millones de euros), reducción de plantillas (más de 15.000 empleos) y todo se ha orientado a beneficiar el negocio educativo: el copago (en Educación Infantil y en FP públicas), la transferencia de dinero público o de suelo a manos privadas, la derivación de alumnado de la red pública a la privada (“Área Única” y “cheque escolar”)…

 

Derechos sociales cada vez más formales y menos reales

La atención a la tercera edad, que se recogen en el Artículo 50 (Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad), se resiente debido a pensiones insuficientes, falta de residencias públicas y de servicios sociales, así como el deterioro de la sanidad pública.

El gobierno del PP emplea siempre el mismo proceso: deteriorar los servicios públicos sanidad, educación, pensiones… a continuación argumentar que son deficitarios para posteriormente privatizarlos en empresas afines a su entorno mediante licitaciones en muchos casos corruptas.

Por no hablar de lo referido al medioambiente, recogido en el artículo 45 (Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medioambiente…), cuyo deterioro galopante en beneficio de los grandes negocios y la especulación, se está produciendo a marchas forzadas con consecuencias cada vez peores para la salud y las condiciones de vida.

En suma, es la política del PP la que nos aleja de tener empleo digno, sanidad pública decente, educación, vivienda, pensiones, libertades democráticas, un medio natural sano… Todos esos derechos que recoge la Constitución son, a la hora de la verdad, papel mojado para la mayoría de nosotros.

Estamos ante nuevos recortes que para el 2018 suponen 5000 millones en sanidad , educación y prestaciones sociales[11]. La reforma constitucional y el artículo 135 priorizaba los recortes ante las necesidades de las personas. Y estamos sufriendo las consecuencias de esa política en el Ayuntamiento de Madrid al que, a pesar de tener superávit, se le está imponiendo la realización de recortes.

Lo que estamos viendo es que la ley, cada vez es más papel mojado cuando se trata de los derechos sociales, y democráticos, de los más humildes, que son la mayoría, y firme como una roca cuando se trata de los intereses de los más ricos y de las grandes corporaciones empresariales. El artículo 40 afirma que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económicos y par aun distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. Sin embargo, vivimos en una sociedad en la que cada vez los ricos son más ricos y la desigualdad y la pobreza crecen: Los directivos del Ibex 35 ganan 207 veces más que sus trabajadores peor retribuidos y el número de millonarios españoles ha crecido en un 60% desde 2008[12], mientras las condiciones de vida de la mayoría son cada vez más precarias. Y es que lo uno es la condición de lo otros. La minoría se hace rica a costa de la mayoría: se llama capitalismo.

Por eso parece claro que la derecha busca esconder tras su fervor por el texto constitucional y la sobreexplotación de la bandera, sus verdaderas intenciones: seguir teniendo el poder para gobernar en beneficio de los de siempre. Y, para eso no les importa azuzar el nacionalismo ni reniegan del apoyo de las fuerzas ultras más intransigentes.

También tratan de hacer pasar desapercibidas en los medios las graves noticias de la corrupción que acampa allí donde gobierna. Quienes son más veteranos recordarán que esos modos eran los mismos que empleaban las administraciones durante el franquismo. Aprendieron a gobernar así.

 

La democracia y la bandera

Las banderas son, más allá de otras consideraciones, símbolos de ideologías y de apuestas políticas y sociales. Cada cual es libre de amar las banderas que quiera porque son sentimientos y no se puede imponer.

La bandera constitucional fue la bandera del régimen franquista y también de la monarquía, regímenes que carecían de las más mínimas libertades democráticas. Eso lleva a una parte importante de la ciudadanía a que prefiramos la bandera tricolor de la Segunda República, un régimen democrático frente al que se alzaron los militares encabezados por Franco en 1936.

La derecha está dispuesta a todo con tal de derrotar al gobierno de Ahora Madrid, y le lanza a la cabeza todo lo que tiene: la Constitución, la bandera y hasta la ley Montoro.

El crimen de las fuerzas de progreso que rigen el Ayuntamiento de Madrid es tratar de que los recursos de la ciudad se empleen en que la calidad de vida de nuestros barrios y de la clase trabajadora mejore, que sea más digna y democrática.

En nuestra ciudad hay mucha gente pasando enormes dificultades de las que el Partido Popular no se acuerda cuando agita las banderas. Por eso, desde la Asamblea de IU de Latina animamos al Gobierno de AM a ser devolver con creces la apuesta valiente y audaz de buena parte de madrileñas y madrileñas que nos votaron.

Nadie va a convencer a los ínclitos dirigentes de la derecha para que sean más benevolentes con nosotros —ni tiene sentido competir por ver quién quiere más a la bandera o a la Constitución—. Ellos representan a las grandes corporaciones empresariales, y tratan de utilizar los sentimientos de la gente para seguir detentando el poder, un poder muy rentable para una minoría que tiene su patria en su cuenta corriente, tantas veces en Panamá y en otros paraísos fiscales.

Actualmente, más del 60% de la población no ha votado a la Constitución. La única salida que nos queda es reconocer que el régimen del 78 cada vez se muestra más incapaz de atender las necesidades sociales y democráticas de nuestra sociedad. Detrás de la enorme movilización que hemos visto en Catalunya lo que hay, para una gran mayoría del pueblo llano que la ha protagonizado, es un anhelo de lograr una sociedad mejor, más libre y que garantice unas condiciones de existencia dignas a todos y todas.

Tenemos que abrir una nueva etapa donde el derecho a la vida, a la igualdad y el respeto se reflejen en una nueva norma y en un nuevo sistema. Necesitamos un régimen social y político en el que la democracia entre en todas las facetas de la vida, también en la economía, para que los grandes medios de producción —que determinan la vida social y afectan de lleno a la Naturaleza— se gestionen de forma democrática con criterios de rentabilidad social y de sustentabilidad ecológica. Y para ello la primera condición es que sean públicos. Porqué si la riqueza está en pocas manos, las leyes siempre acabarán siendo papel mojado para la mayoría. No faltan recursos para que todo el mundo viva con dignidad, el problema es que actualmente se utilizan sólo para enriquecer a una minoría de grandes accionistas que son sus propietarios. Y, cuando les va mal, se les rescata con dinero público.

Si queremos pan, trabajo, techo y dignidad, no basta con combatir los síntomas, hay que cuestionar la raíz: un sistema social y político injusto, incapaz de garantizar una vida digna a todo el mundo. Por eso aspiramos y defendemos la necesidad de una República Federal, democrática y socialista.

 

 

 

 

Asamblea de Izquierda Unida en el distrito de Latina de Madrid

6 de diciembre de 2017

 

 

[1] El 31 de octubre de 1978 Alianza Popular se dividió en su votación en el Congreso y de 16 sus diputados, 5 votaron en contra y 3 se abstuvieron.

[2]https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Nota_interna_IO___Desahucios_FINAL%202.pdf

[3] https://elsaltodiario.com/vivienda/municipios-desahucios-y-proteccion-de-derechos-hacia-donde-vamos

[4] http://www.fundacionmelior.org/content/tema/que-necesidades-de-vivienda-existen-actualmente-en-espana

[5] España, la recuperación no llega a las personas. Informe del Gabinete económico de CCOO. http://www.ccoo.es//c032f4deeab6f875296fccb38c07c1ae000001.pdf

[6] Ibídem.

[7] http://www.madrid.ccoo.es/noticia:254167–El_paro_se_concentra_en_el_sector_servicios_y_se_incrementa_la_temporalidad

[8] http://www.madrid.ccoo.es/noticia:248024–Nada_cambia_con_los_nuevos_Presupuestos_de_la_Comunidad_de_Madrid_mas_regalos_fiscales_e_incremento_del_endeudamiento

[9] Datos de la ponencia del 11 congreso de CCOO Madrid, noviembre 2016

[10] http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/sanidad-publica-madrid-anos-despues-plan-sostenibilidad/20171028113145144784.html

[11] http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/10/30/59f0dcc2468aeb89168b45de.html

[12] https://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/11/30/los_presidentes_las_empresas_del_ibex_ganan_207_veces_sueldo_sus_trabajadores_peor_retribuidos_72539_1011.html

Imagen destacada: Descargada de la web del ayuntamiento de Madrid

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